El dos de mayo de 1992 (estamos a las puertas de su 30 aniversario), el Boletín Oficial del Estado publicaba la primera ley de “Mediación en Seguros Privados” en España, suprimiendo la terminología “producción”.
En su artículo 15, punto 2, apartado c), referido a los requisitos para ejercer la actividad de correduría de seguros exigía: “contratar un seguro de responsabilidad civil con las características y por los capitales asegurados que, en función del volumen de negocio y la clase de riesgos, se establezca reglamentariamente”.
Llegados a este punto, los corredores de seguros se preguntaban: ¿con quién celebramos este contrato de seguros? No había respuestas. Entonces, nos encontrábamos ante un escenario muy típico en nuestro país: el poder legislativo y el poder ejecutivo exigen a los ciudadanos cumplir un requisito y éstos no encuentran la alternativa adecuada para cumplirlo.
La siguiente pregunta era: ¿y ahora qué hacemos? Cientos de reuniones, nacionales e internacionales, todas con el mismo tema sobre la mesa: ¿cómo solucionar esto?
Comenzaron a llegar respuestas, pero no llegaba una solución sectorial que contentase a la mayoría de las partes implicadas. Al final del túnel, la luz: en 1993 un importante grupo de entidades aseguradoras dan un paso al frente y constituyen una agrupación de interés económico. Nacía así la “AGRUPACIÓN CONVENIO R.C. CORREDORES, A.I.E.” también conocida como el “Pool de Corredores”.
Aquí el nacimiento. La trayectoria vital queda reflejada en las estadísticas de su actividad y en las posteriores reformas legislativas, en especial las de los años 2006 y 2020.
El Pool seguirá desarrollando su actividad conforme a los planes de actuación que diseñen sus administradores y aprueben sus socios. A día de hoy, el futuro está garantizado.
Personalmente creo que, además de cumplir sus fines, el Pool debería tomar protagonismo en mejorar la actividad que realizan tanto los tomadores de sus pólizas como sus asegurados, es decir, el personal relevante de los corredores de seguros. Hoy por hoy, la Agrupación quizás disponga (después de los órganos de supervisión y control públicos) de la mayor cantidad de datos de estos distribuidores de seguros. De su análisis se puede obtener un buen diagnóstico de cómo vienen realizando su actividad de distribución de seguros. La información que se obtenga de los datos de una reclamación o siniestro debe darnos un input sobre las negligencias cometidas y sobre cómo debemos actuar en el futuro para corregirlas. Con ello, lograríamos un desarrollo profesional que sin duda sería bueno para el conjunto de la sociedad y disminuiría la siniestralidad que parece que va en aumento en número de casos y en importe de indemnizaciones.
El reto está planteado. El cumplimiento dependerá de sus directivos.
Adolfo Campos Carballo
Director de INADE, INSTITUTO ATLÁNTICO DEL SEGURO y FUNDACIÓN INADE
